Todas las personas de bien nos alegramos igualmente de los acuerdos para que Pensionistas o personas que trabajan en el Funcionariado del Estado reciban en su caso una pensión más justa o una compensación de salarios. Sobre todo las pensiones; ¡qué ridiculez!
Probablemente estaremos esperando más medidas sociales de este nuevo Gobierno, como de otros, para compensar tanta desigualdad y precariedad que hemos ido viendo que se generaba a lo largo de los últimos 20 años, a la vez que la acumulación de tanta riqueza escandalosa e insultante.
Pero, de éste como de los Gobiernos Autonómicos o Municipales, estamos esperando con toda la urgencia las medidas que deben tomarse en favor de los colectivos y personas más empobrecidas, aquellas que nos “avergüenzan” a muchos de nosotros y nosotras de que llamen a nuestras puertas o deambulen por nuestras calles, se sienten a las puertas de nuestras iglesias o, simplemente, que ya ni llamen porque han perdido toda esperanza en la sociedad para salir de esa situación; porque sus Derechos Fundamentales nos negamos a considerarlos, o, simplemente, a que tengan las mismas posibilidades en su vida que cualquier otra persona, pero en la mayoría de los casos desde un punto de partida de deterioro más que evidente.
Se ha querido hacer creer por este sistema socioeconómico, que en la mayoría de los casos, “se es pobre porque se quiere”; o que situaciones como las vividas por muchas personas han servido para que muchas Instituciones y personas se hayan escudado en un titular periodístico absolutamente falso e interesado, que “el mejor Servicio Social está en crear empleo”. La realidad que nos encontramos es que nadie es pobre porque quiere, ni el empleo es la panacea y la salida en la lucha contra el empobrecimiento y la precariedad.
Muchas de las personas en situaciones de exclusión no acceden al empleo porque ese empleo, sencillamente, no existe; o esas personas no acceden porque en su momento no tuvieron, por multitud de circunstancias, la posibilidad de prepararse de manera adecuada para ese empleo selectivo y mercantilizado sobremanera; o que esas personas tuvieron o tienen un tiempo en sus vidas de desestructuración por muchos motivos personales, sociales o consecuencia del contexto en el que vivió o vive; o las circunstancias de migración, o de familia, o de hábitos de consumo, o de enfermedad,… distintas situaciones que la vida provoca o provocamos o les han provocado y no sabemos enfrentar.
Son muchos los casos con los que nos encontramos permanentemente desde estas circunstancias. La mitad de los años dos mil fueron causa de demasiadas situaciones extremas que están apareciendo con absoluta precariedad en el tiempo de hoy.
A la precariedad, la extrema pobreza, o a la injusticia no se le vence desde el empleo que mercantiliza la vida de muchas personas, solamente se puede vencer y dignificar con medidas que pongan en cuestión el modelo actual en el reparto de la riqueza y la vida de las personas en el centro de esas medidas.
Para estas situaciones, extremas en demasiados casos, y el apoyo a estas medidas, solamente hay una respuesta, y ésta viene del acompañamiento personal y de grupo o comunidad de referencia y apoyo. El acompañamiento requiere de personas y profesionales con dedicación, preparación y talante; el grupo o comunidad de apoyo requiere medios y herramientas; y todo ello con presupuesto económico suficiente que asegure y haga permanecer a medio y largo plazo estos procesos y estas medidas.
En estas situaciones el empleo y el trabajo se convierten en lo que deben ser, simplemente en una herramienta, pero nada más; la autonomía de cada persona sólo puede depender del acompañamiento realizado en un proceso de atención integral con estas y otras herramientas.
El empleo nunca puede convertirse en el centro de estos procesos y medidas; es la situación de cada persona en desestructuración y su protagonismo quien debe ocupar este lugar desde el que hay que hacer camino como apoyo en la recuperación de muchas vidas.
Esta sociedad y este sistema socio económico está obligado en sus propias estructuras a transformar y cuidar, poner los recursos y los medios necesarios para que las personas y los colectivos provoquemos este cambio tan urgente de dignidad a la vez que imprescindible sobre todo para que podamos experimentar todas las personas la sociedad fraterna, más comunitaria y del bien común.
La sociedad, en general, no cree en estos procesos, ni en otras medidas que las que se nos presentan, ni tiene paciencia, ni, en muchos casos sensibilidad para aceptar esta manera de hacer.
Los Partidos Políticos, en general, no quieren reconocer estas situaciones y las ocultan en sus discursos y en sus propuestas como si el silencio ante las mismas fuera la herramienta para poder transformarlas; o, a lo sumo, pero sin implicación alguna, estas situaciones se conviertan simplemente en objeto de una gestión aséptica y teórica o de buena voluntad que nunca podrán cambiar.
Las Instituciones, públicas y privadas, simplemente no las reconocen, las quieren hacer invisibles o culpabilizan y reprimen a quienes las protagonizan. Se obvia que el sufrimiento de estas personas es parte y consecuencia de la estructura propia del sistema que sostienen.
Los Servicios Sociales, de manera global, gestionan las migajas de quien no quiere reconocer su culpabilidad, y se someten, en su mayoría, a ser herramientas de control de las personas a las que lo único que se les suele ofrecer son medidas asistencialistas sin plantear para nada la posibilidad de acceder a derechos de los que tantas de estas personas han sido privadas, procurando pasar en estas situaciones de una sociedad de servicios a una sociedad de derechos.
¡Cuántos colectivos y movimientos sociales se convierten (o nos convertimos), en correas de transmisión y cómplices del silencio, de la invisibilidad, del asistencialismo o del sufrimiento permitido y, a veces, organizado!
Solamente quien pone la vida de todas estas gentes y colectivos en el medio de cualquier proceso será capaz de que cada vida se pueda asomar a encontrar su sentido.
Nunca como en estos momentos la Junta de Castilla y León, por ejemplo y porque nos toca de cerca, durante los últimos 30 años, ha estado tan ausente de compromisos y de decisión para poner los recursos a los que tiene obligación y poder atender la exclusión social de colectivos como las personas que salen de la cárcel; las personas que viven en la calle; los niños y niñas sin derecho a guardería infantil por distintas causas; o las familias en extrema precariedad; o las personas mayores en preocupante situación de soledad.
Pasa el tiempo y se va alargando “sine die” el compromiso de afrontar con decisión la situación inasumible de barrios como el de Buenos Aires, en Salamanca, donde más de la mitad de la población, un poco menos de medio millar, se sienten abandonados y sin esperanza de recuperar la ilusión de aquel momento de inicio del barrio, cuando pudieron acceder por primera vez a una vivienda. La historia de este barrio la ha pervertido el narcotráfico, “elegido para el negocio” de unos pocos y el gueto necesario para su actuación y desarrollo; como lo ha pervertido la sutil causa que lo originó de esta manera tan nefasta; y, probablemente, se “lavan las manos” quienes sostienen de verdad este negocio asesino, o quienes en su origen tomaron decisiones equivocadas aún a sabiendas de lo que podría suceder, y, lamentablemente, con su silencio han permitido que suceda.
Nadie se compromete a dar la vuelta a “un barrio sin retorno”. Van pasando las personas de unas y otras Instituciones, ya sean Municipales, Autonómicas o Estatales, y con mucho miedo y ninguna decisión, cuando no connivencia, y se hace inútil su actuación.
Pero, a pesar de esta mirada, personas que acompañen, estructuras que acojan, iniciativas que se lleven a cabo, recursos económicos que aseguren procesos, dar protagonismo a todas las personas, referencias comunitarias que visibilicen el apoyo necesario, recursos económicos públicos y privados, coordinación para hacer con otros y con otras; no dejarán nunca de ser pautas y recursos imprescindibles para hacer proceso con apoyo mutuo entre quien acompaña y quien desea recuperar su vida.
Me sugiere una reflexión detenida la que desarrollan algunos Movimientos Sociales en lugares de América Latina con organizaciones como las que protagonizan las personas del Sindicato de la Economía Popular, plantean en este sentido y de manera bastante interesante que, ante situaciones similares a las que estamos reflexionando, la cuestión social/ética en las respuestas y herramientas para hacer frente al empobrecimiento, “pasa por cómo controlar democráticamente la inversión equitativa y sustentable de la renta. Desde el punto de partida de los trabajadores organizados de la economía popular, pasará por lograr participación en los procesos de decisión de una inversión equitativa de la renta, para que esta pueda garantizar el bien común, incluso para los trabajadores descartados. Pensar, por ejemplo, en nuevos modos de inversión sustentables sólo en términos ambientales y no sociales, es una visión equivocada de la conversión ecológica”.
Y, sigue apuntando y añadiendo este Sindicato Argentino, que, “la vida de los trabajadores y trabajadoras depende cada vez más de la estructura financiera que de su habilidad, capacitación y formación. Por eso, sin regulación financiera no habrá más que migajas”.
Algunas otras afirmaciones que hacen nos invitan, también con toda claridad, a que apuntemos en esta línea; “la precariedad se erradica y la dignidad se conquista sólo si los derechos fundamentales, comida, techo, salud y educación, se garantizan debidamente, y no sólo con el empleo, la capacitación y la formación”.
En algunas cuestiones más que plantean demandan, “políticas públicas de inversión y de distribución social”; o “medidas contra la acumulación insensible de las rentas, ya que el crecimiento no genera necesariamente trabajo y dignidad para todas las personas como estamos experimentando”. Es más, “a mayor crecimiento, mayor desigualdad” como consecuencia de la concentración de la riqueza.
Teniendo en cuenta el fondo de estas afirmaciones, y, sobre todo, la realidad de tantas personas precarizadas, me alegro de medidas por el reparto de la riqueza, pero la tristeza y el dolor de muchos de los grupos y colectivos que acompañamos a personas en estas situaciones tan difíciles, se están convirtiendo cada día en indignación más que evidente.
Hemos creído, generalmente, en las Instituciones, pero en el momento actual nos han obligado a señalarlas porque no se creen lo que dicen, porque no parece que estén dispuestas a caminar en otras direcciones ateniéndonos, entre otras cosas, a la propia legislación y sus consecuencias, y, por supuesto, porque nada hacen de lo que dicen cuando se trata de vencer el miedo y acompañar medidas excepcionales para ser eficaces; y, sobre todo ser sensibles al dolor de demasiadas personas que acompañamos algunos colectivos con mucha decisión y energía, pero cada vez con mayor desconfianza hacia estas Instituciones y sus responsables.
La impotencia de quienes se les excluye porque “no pueden producir” es máxima. Por esta razón, solamente una Renta Básica, (ya somos muchos y muchas quienes hablamos de Rentas Básicas de las Personas Iguales) puestas en práctica de distintas formas y en distintos espacios, y los cuidados de los derechos sociales fundamentales, deben ser exigidos, reivindicados y planteados en la calle, en la práctica de la economía comunitaria, o en otros posibles planteamientos de distribución social.
Poner en positivo la afirmación y motivación de la economía popular: “a mayor crecimiento, hacer realidad una menor desigualdad”, pero con Derechos Sociales y Acompañamiento. A toda vida le pertenece.