En los últimos cinco años, el presupuesto general creció en 3.000 millones y en Políticas de acción social solo aumentó en 49 millones; sólo un 0,6% del crecimiento del presupuesto global va a Servicios Sociales. De cada 100 euros que se aumentaron al presupuesto general, llegó medio euro para fortalecer el sistema público de servicios sociales. Cifra ridícula en un contexto de aumento del empobrecimiento de las mayorías por desposesión y la acumulación de la riqueza cada vez en menos personas.

En el 2020, de cada 100 euros del presupuesto canario, 5,4 son para políticas de acción social. A todas luces insuficiente para criterios de hacer justicia y equitativa esta sociedad.

En el 2020, de los 6.037 millones para Políticas sociales, el 91,5% son para Educación y Sanidad y el 8,5% para Servicios Sociales. Siendo 244 euros por persona en inversión anual para políticas de acción social en Canarias.

En el presupuesto previsto para el 2020, de doce programas en Servicios sociales, seis programas bajan su presupuesto, seis lo suben y baja el capítulo de personal.

La mitad de los programas de Servicios Sociales ha sufrido recortes, a los anteriores se suman disminuciones en atención a la drogodependencia (5,4%), planificación de los SS.SS. (2,2%), Prestaciones y otras ayudas sociales (9,2%).También bajan las partidas para la infancia y la juventud, las peor financiadas en los presupuestos; partidas específicas han sido recortadas en un 7,5% (1,6 % dirección de infancia y familia, 3,7 medidas judiciales, 2,2% fomento de la calidad de vida jóvenes)

No se ha concretado para el 2020 una ficha de financiación del catálogo de servicios que haga efectivo el cumplimiento de la Ley de servicios sociales, que tenía que estar en seis meses y aún no ha salido la propuesta.

Las líneas prioritarias son Fomento de la Inclusión que crece un 43,2% y acciones a favor de Canarias en el exterior 34,4%, y preocupa que para fortalecer unos programas se tenga que debilitar otros que también afectan a colectivos víctimas de la desigualdad.

Para la Prestación Canaria de Inserción con 40 millones en el 2018 se llegó al 3,4% de la población en situación de pobreza y exclusión social y con el aumento a 89 millones, sólo llegará en previsión al 7,5%. ¿Cómo van a sobrevivir el 93% de personas sin acceso a ese derecho básico?, más de 600.000 personas condenadas presupuestariamente a la miseria.

En cinco años (2014-2019) el capítulo 1, de personal, crece en 3 millones de euros, cifra totalmente insuficiente y del 2019 al 2020 desciende en 600.000 euros en personal. No se hace una apuesta por reforzar la contratación y la gestión directa de los programas ya que en 7 de los 13 programas existentes en la Consejería no existe partida presupuestaria para personal , lo que supone que la gestión sigue la tendencia de que se realicen a través de asociaciones, fundaciones, ONGS o empresas; contribuyendo a desdibujar la responsabilidad pública y la obligación del cumplimiento de derechos por parte de la Administración.

Los programas que no cuentan con personal propio son: Coordinación y planificación de políticas para personas mayores, Prestaciones y ayudas sociales, Fomento de la Inclusión Social, Ejecución de medidas judiciales jóvenes infractores, Atención a personas con discapacidad, Promoción Igualdad de oportunidades para mujeres, Planificación y promoción de la diversidad. Se invierte más en altos cargos y en seguridad que en personal para servicios fundamentales.

El fortalecimiento de lo público pasa por contar con recursos humanos dentro de la propia consejería que sean los que diagnostiquen, planifiquen, diseñen y ejecuten desde ese ámbito las políticas en materia de Servicios Sociales. Además de personal que evalúe, controle e inspeccione aquellos programas y servicios que se han delegado a terceros. En este primer año de nuevo gobierno se ha perdido una oportunidad para que esto sea posible, manteniendo la misma línea que gobiernos anteriores en esta situación.

Los Servicios Sociales además de requerir una mayor financiación, requieren que este pilar del Estado del Bienestar no se convierta en un mercadeo ni en negocio de los derechos. Para ello hay que apostar por la gestión directa de los Servicios Sociales revirtiendo las políticas de externalización y privatización que estamos sufriendo que afectan sobre todo a sectores más precarios por la desigualdades y opresiones como son la infancia, las personas en situación de dependencia y los colectivos en exclusión social.

Es urgente reforzar la financiación de los Servicios Sociales contando con más ingresos a través de políticas fiscales progresivas, que paguen más los que más tienen, combatir el fraude fiscal de las grandes empresas, denunciar la corrupción...Recordamos que en el último informe del Foessa sobre Canarias, el 84,4% de nuestra población expresó que optaría por tener más prestaciones y servicios sociales, pagando más impuestos.

En Canarias, por tanto, estos presupuestos no garantizan, respetan ni protegen los Derechos sociales de las personas que aquí vivimos.

Exigimos una financiación estable, suficiente y adecuadamente gestionada, que realmente redistribuya la riqueza y garantice derechos a todas las personas; donde en el centro esté la sostenibilidad de la vida y no el seguir favoreciendo a los más ricos.

Redesscan, a 5 de Diciembre de 2019